En el momento en el que escribo este comentario, el Gobierno de España va a hacer una declaración pública, con motivo del Día Internacional de la Homofobia y la Transfobia, solicitando a la Organización Mundial de la Salud que despatologice la transexualidad.
Tengo que explicar lo que esta propuesta. Francia ha sido el primer Estado del mundo en tomar una decisión despatologizadora y nosotros somos el segundo en aceptar este criterio, aunque sin tomar una decisión por separado, sino pidiendo a la Organización que lo declare así para todo el mundo.
Y para explicar el valor de esta toma de postura gubernamental, voy a empezar por el final. Cuando se adopte, para España y todo el mundo (aunque un poco largo me lo fiáis), la despatologización no querrá decir que las personas transexuales se queden sin las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social. Al contrario: quiere decir que se considerará que ser transexual es sano, que no padecemos trastorno mental alguno (esto es lo que supone la patologización) y que por tanto somos personas que podemos demandar autónomamente nuestros derechos sanitarios, incluidos los tratamientos, hormonaciones y operaciones por medio de la Seguridad Social.
Puede preguntarse: ¿pero si estamos sanos, por qué pedimos las prestaciones públicas? ¿No tendríamos que conformarnos con las privadas, como quien se hace una cirugía estética, pagando martín, martín?
La respuesta es sencilla. La despatologización querrá decir que no estamos afectados por ningún trastorno mental que se llame disforia de género o incongruencia de género, o como se quiera. Precisamente porque estamos libres de cualquier “trastorno” (y si tuviéremos otro, se curaría primero y santas pascuas) podemos decidir por nosotros mismos los que necesitamos. Y la investigación médica desde hace sesenta años sabe que, sin trastorno mental alguno, y precisamente por eso, muchas personas transexuales experimentan un malestar clínicamente significativo al ver un desajuste entre su corporalidad y su identidad, y que se sabe médicamente que el alivio o el bienestar se consigue a través del proceso de hormonación y cirugía de reasignación de sexo.
Sean cuales fueren las causas de ese malestar. Los médicos son prácticos; trabajan sobre hechos, dejan las investigaciones a los investigadores, que pueden tardar siglos en encontrar las explicaciones, pero mientras, hay que atender a las personas concretas que estamos vivas, sanas de mente y por eso sabemos que necesitamos su intervención.
Las consecuencias a medio plazo de esta toma de posición del Gobierno serán grandes. La primera, que desde que sea legal, habrá que quitar la T del nombre de las unidades que hasta ahora se llaman Unidades de Trastornos de la Identidad de Género.
Pero por eso mismo, el siguiente paso será cambiar radicalmente el protocolo que siguen hasta ahora esas unidades, y que perjudica a las personas transexuales en sus carnes y en sus almas y a los psicólogos en su prestigio y en el buen ejercicio de su profesión.
La razón es que, apoyándose en el concepto de la patologización, hasta ahora se ha considerado que si las personas transexuales fuéramos “trastornadas”, se hace legal que sean los psicólogos y los psiquiatras quienes dictaminen sobre tal trastorno, y por tanto reciban una autoridad sobre nosotras, dictaminando si padecemos de “disforia de género” o no. En la práctica, sabemos muy bien que esto significa que se los convierte en jueces, dotados del derecho de decidir por nosotros, y a nosotros, en menores de edad incapacitados para decidir sobre nuestras vidas, en un asunto tan crucial para nosotros.
Las consecuencias de tan anormal situación son extrañas. La primera es que la persona transexual ve al psicólogo-juez como un enemigo. Se acaba de hecho toda confianza. Si el enemigo tiene fuerza para atacar el centro de mi vida, todo está legitimado, incluso mentirle, decirle lo que quiere oir. Y por tanto, los estudios sobre “disforia de género” surgidos de esa experiencia práctica, quedan invalidados; situación que se empezó a comprender con gran sorpresa hace años en los Estados Unidos.
Cuando la Organización Mundial de la Salud, o antes, si el Gobierno de España lo decide así, apruebe la despatologización, yo podré decidir sobre mi vida, lo propio de cualquier persona. Seré yo quien pueda dar un consentimiento informado sobre mis necesidades médicas. En este proceso, parece natural que la Seguridad Social se tome en serio lo de “informado”, y que pida que siga un tiempo bien determinado de información en la compañía de un psicólogo.
Inmediatamente, en cuanto quede claro que la decisión será mía, el psicólogo se convertirá en un amigo. Puedo plantearle lo que yo no sepa, mis dudas, etcétera, y él me podrá contestar, hacer observaciones, advertirme de cosas que yo no haya tenido en cuenta, etcétera. Le oiré con atención, porque seré libre. Él podrá decirme lo que quiera, que a mí me parecerá atinado o desatinado. Pero habré sido informada. Al final del tiempo prefijado, yo firmaré mi consentimiento o me desinteresaré. Él firmará que me ha informado. Y punto.
Por cierto, lo siento, pero me niego rotundamente a lo que se ha dicho de que debe dirigirse nuestro Gobierno a la APA para reclamarles lo mismo; es de agradecer que salga aquí a relucir el DSM, pero espero que el Gobierno español se dirija a la Organización Mundial de la Salud y no a la American Psychological Association (APA), porque debemos darnos cuenta que de hacerlo, sería como reconocer nuestra sumisión a las directrices de quienes nos están colonizando culturalmente, porque nosotros les dejamos porque no nos hemos dado cuenta de lo que hacemos, incluso en materia psiquiátrica y psicológica. ¡Venga, reaccionemos! Lo que hace falta es abandonar el actual y disparatado acatamiento al DSM cuatro, cinco y los que vengan, aunque éste tendrá que ser un debate distinto y nuestro.
También tengo que hablar en futuro, queda claro, porque no se trata de una decisión desde ya del Gobierno de España, sino de una solicitud a una organización internacional y esto supone demorarla quizá durante muchos años, con el consiguiente daño, angustia y dificultades de quienes seguirán sujetos a los actuales protocolos. Hará falta, primero, que la cuestión se debata en la Organización internacional ampliamente. Tiempo. Después, que los diversos Estados se vayan decantando. Más tiempo. Más tarde, que se haga una votación en su asamblea. Y que se gane.
Pero todo esto tiene un lado positivo. Parece que nuestro Gobierno ha lanzado una señal de por dónde va, pero a la vez ha querido dejar algún tiempo para el debate, sabiendo que la cuestión no está aquí decidida. Esto quiere decir que la discusión debe y puede seguir aquí. He mostrado las razones que hay a favor de la despatologización, con respeto a los derechos sanitarios, y me parece que nadie, a la vista de lo que se entiende por patologización, va a defender la patologización propiamente dicha, pero sé que hay mucho que discutir para asegurarse de que los derechos sanitarios a la hormonación y a la cirugía no sólo se mantienen, sino que se facilita su ejercicio.
Espero que seamos muchas y muchos quienes en los próximos meses, quizá algunos años, participemos en esa discusión; espero que el resultado sea un sí mayoritario a favor de la despatologización y, al mismo tiempo, la exigencia razonada de la garantía de nuestros derechos.
Y espero también que el Gobierno de España sea valiente, de acuerdo con lo que ya ha hecho otras veces, y que cuando vea que nuestro debate interno ha llegado a las conclusiones que llegue, a lo mejor antes de lo que parece, no espere a los lentos trámites de una organización internacional, y tome la decisión por sí mismo, igual que lo ha hecho Francia, o mejorando su decisión.
Kim Pérez 17-05-2010
Tengo que explicar lo que esta propuesta. Francia ha sido el primer Estado del mundo en tomar una decisión despatologizadora y nosotros somos el segundo en aceptar este criterio, aunque sin tomar una decisión por separado, sino pidiendo a la Organización que lo declare así para todo el mundo.
Y para explicar el valor de esta toma de postura gubernamental, voy a empezar por el final. Cuando se adopte, para España y todo el mundo (aunque un poco largo me lo fiáis), la despatologización no querrá decir que las personas transexuales se queden sin las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social. Al contrario: quiere decir que se considerará que ser transexual es sano, que no padecemos trastorno mental alguno (esto es lo que supone la patologización) y que por tanto somos personas que podemos demandar autónomamente nuestros derechos sanitarios, incluidos los tratamientos, hormonaciones y operaciones por medio de la Seguridad Social.
Puede preguntarse: ¿pero si estamos sanos, por qué pedimos las prestaciones públicas? ¿No tendríamos que conformarnos con las privadas, como quien se hace una cirugía estética, pagando martín, martín?
La respuesta es sencilla. La despatologización querrá decir que no estamos afectados por ningún trastorno mental que se llame disforia de género o incongruencia de género, o como se quiera. Precisamente porque estamos libres de cualquier “trastorno” (y si tuviéremos otro, se curaría primero y santas pascuas) podemos decidir por nosotros mismos los que necesitamos. Y la investigación médica desde hace sesenta años sabe que, sin trastorno mental alguno, y precisamente por eso, muchas personas transexuales experimentan un malestar clínicamente significativo al ver un desajuste entre su corporalidad y su identidad, y que se sabe médicamente que el alivio o el bienestar se consigue a través del proceso de hormonación y cirugía de reasignación de sexo.
Sean cuales fueren las causas de ese malestar. Los médicos son prácticos; trabajan sobre hechos, dejan las investigaciones a los investigadores, que pueden tardar siglos en encontrar las explicaciones, pero mientras, hay que atender a las personas concretas que estamos vivas, sanas de mente y por eso sabemos que necesitamos su intervención.
Las consecuencias a medio plazo de esta toma de posición del Gobierno serán grandes. La primera, que desde que sea legal, habrá que quitar la T del nombre de las unidades que hasta ahora se llaman Unidades de Trastornos de la Identidad de Género.
Pero por eso mismo, el siguiente paso será cambiar radicalmente el protocolo que siguen hasta ahora esas unidades, y que perjudica a las personas transexuales en sus carnes y en sus almas y a los psicólogos en su prestigio y en el buen ejercicio de su profesión.
La razón es que, apoyándose en el concepto de la patologización, hasta ahora se ha considerado que si las personas transexuales fuéramos “trastornadas”, se hace legal que sean los psicólogos y los psiquiatras quienes dictaminen sobre tal trastorno, y por tanto reciban una autoridad sobre nosotras, dictaminando si padecemos de “disforia de género” o no. En la práctica, sabemos muy bien que esto significa que se los convierte en jueces, dotados del derecho de decidir por nosotros, y a nosotros, en menores de edad incapacitados para decidir sobre nuestras vidas, en un asunto tan crucial para nosotros.
Las consecuencias de tan anormal situación son extrañas. La primera es que la persona transexual ve al psicólogo-juez como un enemigo. Se acaba de hecho toda confianza. Si el enemigo tiene fuerza para atacar el centro de mi vida, todo está legitimado, incluso mentirle, decirle lo que quiere oir. Y por tanto, los estudios sobre “disforia de género” surgidos de esa experiencia práctica, quedan invalidados; situación que se empezó a comprender con gran sorpresa hace años en los Estados Unidos.
Cuando la Organización Mundial de la Salud, o antes, si el Gobierno de España lo decide así, apruebe la despatologización, yo podré decidir sobre mi vida, lo propio de cualquier persona. Seré yo quien pueda dar un consentimiento informado sobre mis necesidades médicas. En este proceso, parece natural que la Seguridad Social se tome en serio lo de “informado”, y que pida que siga un tiempo bien determinado de información en la compañía de un psicólogo.
Inmediatamente, en cuanto quede claro que la decisión será mía, el psicólogo se convertirá en un amigo. Puedo plantearle lo que yo no sepa, mis dudas, etcétera, y él me podrá contestar, hacer observaciones, advertirme de cosas que yo no haya tenido en cuenta, etcétera. Le oiré con atención, porque seré libre. Él podrá decirme lo que quiera, que a mí me parecerá atinado o desatinado. Pero habré sido informada. Al final del tiempo prefijado, yo firmaré mi consentimiento o me desinteresaré. Él firmará que me ha informado. Y punto.
Por cierto, lo siento, pero me niego rotundamente a lo que se ha dicho de que debe dirigirse nuestro Gobierno a la APA para reclamarles lo mismo; es de agradecer que salga aquí a relucir el DSM, pero espero que el Gobierno español se dirija a la Organización Mundial de la Salud y no a la American Psychological Association (APA), porque debemos darnos cuenta que de hacerlo, sería como reconocer nuestra sumisión a las directrices de quienes nos están colonizando culturalmente, porque nosotros les dejamos porque no nos hemos dado cuenta de lo que hacemos, incluso en materia psiquiátrica y psicológica. ¡Venga, reaccionemos! Lo que hace falta es abandonar el actual y disparatado acatamiento al DSM cuatro, cinco y los que vengan, aunque éste tendrá que ser un debate distinto y nuestro.
También tengo que hablar en futuro, queda claro, porque no se trata de una decisión desde ya del Gobierno de España, sino de una solicitud a una organización internacional y esto supone demorarla quizá durante muchos años, con el consiguiente daño, angustia y dificultades de quienes seguirán sujetos a los actuales protocolos. Hará falta, primero, que la cuestión se debata en la Organización internacional ampliamente. Tiempo. Después, que los diversos Estados se vayan decantando. Más tiempo. Más tarde, que se haga una votación en su asamblea. Y que se gane.
Pero todo esto tiene un lado positivo. Parece que nuestro Gobierno ha lanzado una señal de por dónde va, pero a la vez ha querido dejar algún tiempo para el debate, sabiendo que la cuestión no está aquí decidida. Esto quiere decir que la discusión debe y puede seguir aquí. He mostrado las razones que hay a favor de la despatologización, con respeto a los derechos sanitarios, y me parece que nadie, a la vista de lo que se entiende por patologización, va a defender la patologización propiamente dicha, pero sé que hay mucho que discutir para asegurarse de que los derechos sanitarios a la hormonación y a la cirugía no sólo se mantienen, sino que se facilita su ejercicio.
Espero que seamos muchas y muchos quienes en los próximos meses, quizá algunos años, participemos en esa discusión; espero que el resultado sea un sí mayoritario a favor de la despatologización y, al mismo tiempo, la exigencia razonada de la garantía de nuestros derechos.
Y espero también que el Gobierno de España sea valiente, de acuerdo con lo que ya ha hecho otras veces, y que cuando vea que nuestro debate interno ha llegado a las conclusiones que llegue, a lo mejor antes de lo que parece, no espere a los lentos trámites de una organización internacional, y tome la decisión por sí mismo, igual que lo ha hecho Francia, o mejorando su decisión.
Kim Pérez 17-05-2010
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